Analistas, comentaristas y demás “istas” de la prensa, radio y televisión, parecen coincidir en que la crispación política de la pasada legislatura ha desaparecido y que en ésta se podrá recuperar (si es que alguna vez la tuvimos) la normal confrontación política entre los representantes del pueblo con permiso de la crisis, recesión, reajuste o lo que sea que estemos padeciendo. Lo cual no es óbice para que sobre la mesa sigamos teniendo los mismos temas desde hace meses más alguno nuevo que ya saca la nariz. Entre los que llevan tiempo y prometen darnos más días de esperpento y jolgorio está lo que denominaría como la Ibarretxiada, ese pulso de cariz casi olímpico, en el que el Lehendakari Ibarretxe, con mayor o menor apoyo entusiasta del PNV, lleva ya tiempo enfrascado y que parece regirse por el lema clásico de los juegos de altius, citius, fortius. La última en cuanto a llegar más lejos es la petición a correligionarios y ciudadanía vasca en general para que denuncien al Estado Español en los organismos europeos por malo malote, ante el previsibilísimo palo del Constitucional a la Ley de Consulta al pueblo vasco.
Si habláramos en abstracto acerca de si los ciudadanos tienen el derecho a elegir su destino como colectivo, pueblo, nación o estado, parece que sí, que estaríamos de acuerdo que los ciudadanos tienen ese derecho. Lo que no estaría tan claro es cuando y cómo podrían esos mismos ciudadanos ejercer su derecho para, llegados a un extremo, no caer en un régimen de asamblea permanente. Es cierto que nuestra Constitución de 1978 tiene unas limitaciones y es producto de un momento en el que la naciente democracia española tuvo que tragarse unas cuantas ruedas de molino para garantizarse su viabilidad por lo que en cuanto a consultas populares el tema está más que claro. La Constitución es la que es y, si no se está de acuerdo, existen los mecanismos legales para reformarla. Que se hable claro a la ciudadanía, se busquen los apoyos políticos, se haga campaña por la reforma y se actúe consecuentemente con un régimen democrático, tanto si se alcanzan los objetivos como si no. Pero pensar que los valores universales (libertad, igualdad, etc.) los podemos esgrimir como espada flamígera y saltarnos nuestro ordenamiento jurídico es cuanto menos temerario.
No nos engañemos tampoco respecto de la voluntad popular. En los tiempos que corren está perfectamente agarrada al sentido práctico y es mucho más sensata que ciertos políticos que a la hora de pensar preguntas para consultar al pueblo parecen inspirados por los hermanos Marx y aquella conocida frase de una de sus películas que decía que “la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte”. Por otro lado, introducir el tema del terrorismo en este asunto es totalmente irresponsable. ETA es la menos interesada en que el pueblo vasco exprese libremente su opinión porque no iba a estar de acuerdo con ella.
Mientras tanto el tiempo corre, los plazos se van cumpliendo y veremos con que nuevas florituras dialécticas nos sorprende el Lehendakari Ibarretxe. Aunque haría mejor preocupándose de la pérdida de cuota electoral del PNV, no sea que lo acabemos viendo en el paro.
Si habláramos en abstracto acerca de si los ciudadanos tienen el derecho a elegir su destino como colectivo, pueblo, nación o estado, parece que sí, que estaríamos de acuerdo que los ciudadanos tienen ese derecho. Lo que no estaría tan claro es cuando y cómo podrían esos mismos ciudadanos ejercer su derecho para, llegados a un extremo, no caer en un régimen de asamblea permanente. Es cierto que nuestra Constitución de 1978 tiene unas limitaciones y es producto de un momento en el que la naciente democracia española tuvo que tragarse unas cuantas ruedas de molino para garantizarse su viabilidad por lo que en cuanto a consultas populares el tema está más que claro. La Constitución es la que es y, si no se está de acuerdo, existen los mecanismos legales para reformarla. Que se hable claro a la ciudadanía, se busquen los apoyos políticos, se haga campaña por la reforma y se actúe consecuentemente con un régimen democrático, tanto si se alcanzan los objetivos como si no. Pero pensar que los valores universales (libertad, igualdad, etc.) los podemos esgrimir como espada flamígera y saltarnos nuestro ordenamiento jurídico es cuanto menos temerario.
No nos engañemos tampoco respecto de la voluntad popular. En los tiempos que corren está perfectamente agarrada al sentido práctico y es mucho más sensata que ciertos políticos que a la hora de pensar preguntas para consultar al pueblo parecen inspirados por los hermanos Marx y aquella conocida frase de una de sus películas que decía que “la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte”. Por otro lado, introducir el tema del terrorismo en este asunto es totalmente irresponsable. ETA es la menos interesada en que el pueblo vasco exprese libremente su opinión porque no iba a estar de acuerdo con ella.
Mientras tanto el tiempo corre, los plazos se van cumpliendo y veremos con que nuevas florituras dialécticas nos sorprende el Lehendakari Ibarretxe. Aunque haría mejor preocupándose de la pérdida de cuota electoral del PNV, no sea que lo acabemos viendo en el paro.
